Lo había impulsado Vidal en 2018. Figuran firmas ligadas a Cristóbal López y Daniel Angelici.

La puesta en marcha del juego online en la provincia de Buenos Aires avanzó en las últimas semanas, luego de que el gobierno de Axel Kicillof concediera a finales del año pasado las licencias para operar a siete empresas que habían participado en el proceso de adjudicación que comenzó la administración de María Eugenia Vidal en 2018.

Desde la Lotería provincial enviaron en las últimas semanas a las empresas adjudicatarias los «convenios marco» correspondientes, que una vez firmados darán pie al inicio del funcionamiento de la actividad lúdica, a partir de los 90 días desde que se suscriben.

Se trata de una herramienta de recaudación fenomenal, una vez que se regule, para el Gobierno bonaerense. Entre los pagos de los cánones para funcionar (10%) y el tributo de Ingresos Brutos (15%) que deberán abonar las licenciatarias una vez que operen, se estima un ingreso anual para la Provincia de entre $ 10.000 y $ 12.000 millones, según fuentes del sector.

El 31 de diciembre pasado, Kicillof firmó un decreto en el que adjudicó licencias a siete empresas para operar, entre las que sobresalen firmas vinculadas al empresario K Cristóbal López y al ex operador judicial del macrismo y ex presidente de Boca Daniel Angelici.

En la licitación que aprobó en su momento el gobierno de Vidal, estaba previsto que las empresas se presentaran en grupos, con una firma internacional acercada a la compulsa por una local. La internacional tenía que disponer del 75% del capital y la local, el 25% restante.

Cristóbal López tendría presencia desde Binbaires, una empresa que comparte con Federico Achával y Ricardo Benedicto, y que tiene como socia a la griega Intralot Internacional. Según comentó su abogado defensor al portal ElDiario, López no tiene más participación en el negocio, ya que vendió su parte de la empresa a Benedicto, uno de sus socios.

Cristóbal Lopez, tras quedar en libertad en 2019. Desde su entorno aseguran que no tiene más participación en el negocio del juego online. Foto: Juano Tesone.

Cristóbal Lopez, tras quedar en libertad en 2019. Desde su entorno aseguran que no tiene más participación en el negocio del juego online. Foto: Juano Tesone.

En el caso de Angelici, participó junto a Stars Interactive Limited, el gigante canadiense propietario de PokerStars. También fue beneficiado con una bolilla en la compulsa Daniel Mautone, su socio e histórico operador de bingo en el país, cabeza de Bingo Chivilcoy y de una treintena de bingos a nivel nacional.

Además, entre las siete adjudicatarias sobresale Boldt, del empresario Antonio Tabanelli, que participó junto a Cassava Enterprises un operador de apuestas deportivas con sede en California. También está ArgenBingo, de Nazareno Lacquanti (Bingo Moreno), en unión con la firma británica Will Hill Limited, líder internacional en el juego online.

Entre las siete firmas asociadas beneficiadas aparece la británica Hillside (New Media Malta), unida a Pasteko, del empresario Gustavo Ranucci. Además, tendrá licencias la sociedad conformada por Hotel Casino Tandil, una empresa local que se asoció a Dynamo Tyche (Playtech Software Limited).

El puntapié para empezar a operar

Si bien desde el Instituto de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, que conduce Omar Galdurralde, evitan hacer declaraciones, en las últimas semanas circularon los convenio «marco» o «modelo» en los cuales se establecen las obligaciones y derechos entre las partes y se prevé un plazo de 90 días para empezar a operar.

Fuentes del sector consideran que se trata de un «blanqueo necesario de un negocio que mueve millones de pesos de manera ilegal y no tributa un centavo». Y resaltan que será vital para las arcas provinciales. De allí que fuera Vidal quien lo impulsara en la Legislatura bonaerense durante su gestión y que en el último año Kicillof haya acelerado en pos de recaudar fondos clave en tiempos de pandemia.

En paralelo, varias de las empresas que no resultaron adjudicadas, junto a ONGs locales, cuestionaron la falta de acceso a la información pública relacionada con la licitación. Las empresas reclamaron por la vía administrativa, pero la ONG AMPA (Asociación de Mujeres Penalistas) con el apoyo de Contadores Forenses, promovieron acciones judiciales. El proceso judicial iniciado por las ONGs ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de La Plata se encuentra pendiente de resolución.

Vía: Clarín